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Los agentes antidrogas soportan proceso por el supuesto hecho punible de tentativa de homicidio doloso en calidad de autor, tipificados en el artículo 105 y 29 del Código Penal, en concordancia con los artículos 26 y 27 del mismo cuerpo legal, y son: Nicolás Fernando Cáceres Oviedo, Christian Osmar Morán Galeano, José Domingo López Orrego,  Ignacio Alcides Sosa Pineda, Luis Ángel y Servián Rotela.

Además, están encausados por el ilícito de homicidio doloso en grado de tentativa en calidad de cómplice, establecidos en el artículo 105 y 31 del Código Penal, en relación con los artículos 26 y 27; José del Rosario Sánchez y  Emilio José Vall.  

Las representantes del Ministerio Público solicitaron al juez Penal de Garantías que ordene la elevación de la causa a juicio oral y público, por los hechos ocurridos en el procedimiento efectuado por los agentes especiales en el establecimiento denominado"Granja Manuelita", donde falleció una niña de 3 años y resultó herido Alessandro Zanotti (tío de la menor). Este hombre recibió tres disparos de arma de fuego, el primero le habría rozado la cabeza, el segundo proyectil se incrustó a la altura del abdomen y la tercera bala impactó en la zona del tórax.

Los miembros de la familia Zanotti Cavazonni fueron supuestamente interceptados dentro del establecimiento que alquilaban en la mencionada ciudad, durante un procedimiento efectuado por los antidrogas. Éstos habrían disparado contra la camioneta en la que se desplazaba la familia.

Según consta en el escrito de acusación, para las representantes del Ministerio Público no hay duda alguna de la existencia de elementos fácticos y jurídicos del hecho punible contra la vida “homicidio doloso en grado de tentativa” y los elementos colectados confirman la participación directa y activa de los procesados, por lo que cuentan con un estado de certeza necesario para requerir que la causa sea elevada a juicio oral y de esta manera un Tribunal de Sentencia juzgue la conducta de los mismos.   

Por otro lado, en el caso de dos de los agentes, Miguel Chaparro y Virgilio Cháves, las fiscalas requirieron el sobreseimiento definitivo.