Gentileza.La investigación inició en octubre de 2016 a fundaciones y oneges que habrían celebrado convenios con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a través del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible, (Fi

La investigación inició en octubre de 2016 a fundaciones y oneges que habrían celebrado convenios con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a través del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible, (Fides).

La “Fundación Oriente”, cuya responsable es la imputada Fernández Villagra, aparentemente pidió fondos que financien proyectos para el abastecimiento de agua potable y red de distribución domiciliaria para el beneficio de 162 familias de asentamientos del departamento de Canindeyú. El proyecto y presupuesto presentado por la fundación supuestamente fue viable, mediante la aprobación del Ochipinti, en ese entonces Director de la Dirección de Inversiones Rurales del Fides, con la verificación técnica de Velázquez, exjefe de Asuntos Legales de la referida dependencia del Indert.

En principio, la referida onege solicitó el financiamiento del presupuesto para los asentamientos, Copagro del distrito de Corpus Cristi, y San Isidro, San Jorge y María Auxiliadora del distrito de Francisco Caballero Álvarez, todos de Canindeyú. Posteriormente, desistió de dos de los asentamientos.

Fernández habría incurrido en ciertas irregularidades a fin de obtener la firma del convenio, para el proyecto mencionado y los funcionarios Ochipinti y Velázquez, conforme a las obligaciones establecidas en la Ley 2419, como así a la Ley orgánica de la institución, habrían sido los responsables de la verificación y análisis en su conjunto de todas las documentaciones que se presentaron para el proyecto, lo cual significaba posteriormente el desembolso de dinero de la institución pública.

Según el acta de imputación, la fundación Oriente presentó como oferta más conveniente para la ejecución de las obras a la empresa R.G.C. Construcciones, por el monto de G. 1.260.746.801 (guaraníes mil doscientos sesenta millones setecientos cuarenta y seis mil ochocientos uno). Es así como se dio inicio al proceso del primer desembolso consistente en G. 756.448.081, equivalente al 60 por ciento del monto total requerido a favor de la fundación, el cual luego fue rechazado por Administración y Finanzas de la institución estatal, debido a que la organización no gubernamental habría tenido otro pedido de pago por parte de otra entidad del Estado. Esto lo habría inhabilitado para percibir otro monto en el mismo periodo, de acuerdo a un informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda.

Siguiendo el curso de la investigación, dos de las constructoras presentadas como oferentes para el proyecto serían empresas inexistentes. Ellos son “Constructora Aquino” y “Construcivil”. El supuesto propietario de la primera empresa habría sido un peón de estancia, según los informes. Con relación a la empresa  supuestamente adjudicada por ser la oferente más baja, según las pesquisas- el lugar donde aparentemente funcionaba como oficina, se encuentra deshabitada hace más de diez años, por lo que estaría funcionando en el lugar ninguna constructora.

Fuente Ministerio Público.