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Guillermo Duarte, abogado querellante en el caso del asesinato del joven dirigente liberal, confirmó la presentación de una denuncia y un pedido de control judicial de la etapa preparatoria de la causa, teniendo en cuenta que el 1 de octubre próximo vence el plazo de seis meses en el que las compañías telefónicas guardan los datos de las comunicaciones en su sistema.

El profesional del Derecho dio a entender que la acción apunta directamente al trabajo de la fiscal Raquel Fernández, quien hasta el momento no solicita los informes a las operadores telefónicas del país, sobre el cruce de llamadas entre el entonces comandante de la Policía, comisario Críspulo Sotelo y personas que presuntamente ordenaron el atraco contra la sede del PLRA, hecho que concluyó en el asesinato del militante del PLRA, Rodrigo Quintana.

“Lo que nosotros pretendemos es la investigación, pasa este plazo y ya no se va a poder investigar”, explicó Duarte.

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