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En efecto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Casa Blanca “se está actualmente preparando para una interrupción de los fondos”, dijo un funcionario de esa dependencia que pidió el anonimato.

El Congreso buscaba evitar una nueva crisis fiscal con la aprobación de un acuerdo presupuestario bipartidista para asegurar fondos federales por dos años, pero no cuenta con apoyo suficiente.

La fuente instó a los legisladores a salir “sin demora” del atolladero para votar el acuerdo, pero la posibilidad de que ello ocurra antes de la medianoche es cada vez más remota.

La medida debe adoptarse en el Senado y la Cámara de Representantes antes de la medianoche (5.00 GMT del viernes), cuando vence el financiamiento temporal vigente.

Los líderes de la mayoría republicana y de la oposición demócrata contaban con tener los 60 en 100 votos necesarios en el Senado. Pero en la tarde, el senador conservador Rand Paul presentó objeciones por el significativo aumento del tope de la deuda.

De no aprobarse una medida sobre el gasto federal, se producirá el “cierre” del Gobierno, que ya no tendrá crédito y deberá licenciar a cientos de miles de funcionarios, como ya pasó durante tres días en enero.

La oposición demócrata logró por su parte un aumento comparable en rubros no militares, como la lucha contra la adicción a los opiáceos, el seguro de salud para niños pobres, las inversiones en infraestructura, y 90.000 millones de dólares para los estados devastados por desastres naturales el año pasado.

El debate es espinoso por las discusiones entre el oficialismo, que pide miles de millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México, y la oposición demócrata, que se rehúsa a darlos y reclama una solución para los “dreamers”, luego de que Trump derogara el programa.

Las continuas extensiones presupuestarias financian a corto plazo y generan quejas en autoridades de varios ámbitos, especialmente en Defensa. Por ello, el compromiso anunciado elevaba los topes presupuestarios para 2018 y 2019, evitando que el Congreso cambie drásticamente las prioridades del gasto federal.

A partir el 5 de marzo, el gobierno advirtió que ya no renovará los permisos del programa DACA, por lo que casi 1.000 jóvenes ilegales serán pasibles de deportación cada día, de un total de cerca de 700 mil beneficiarios. Sin embargo, esta fecha fue impugnada por un juez federal en San Francisco, que ordenó continuar renovando las licencias DACA. El gobierno apeló a la Corte Suprema.

Fuente: Infobae