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El juez Méndez benefició al exintendente del sector zacariísta con el sobreseimiento definitivo, a pesar de que varios documentos comprometen a Fernández en el robo del dinero público de las arcas municipales.

El magistrado ignoró facturas clonadas usadas por el exintendente para rendir cuentas por millonarias sumas. Tampoco valoró documentos con firmas falsas de funcionarios utilizados para justificar el destino de G. 700 millones, supuestamente para viáticos.
Fernández administró Presidente Franco en el período 2013-2015 y dejó la comuna con una deuda de G. 7.000 millones.
En marzo de 2017, Fernández fue imputado al igual que el exintendente interino Abrahan Alegre (ANR) por lesión de confianza en base a un dictamen de la Contraloría General de la República, que menciona irregularidades en obras municipales.
La fiscal Cinthia Leiva sostuvo que solo Alegre fue responsable por el pago por supuestas obras fantasmas y pidió su juzgamiento público. Mientras que Fernández fue desvinculado del proceso iniciado en base al dictamen de la Contraloría.
Sin embargo, durante la investigación fiscal la querella adhesiva, de la comuna franqueña, presentó varios documentos que vinculan a la administración de Fernández en el saqueo a la institución municipal.

No obstante, la Fiscalía nunca amplió la imputación contra Fernández por otros hechos delictivos como estafa, cobro indebido de honorarios, asociación criminal, uso y producción de documentos falsos, entre otros.
La fiscal Juliana Giménez encajonó por varios meses la carpeta de investigación hasta que fue recusada, pero su negligencia fue clave para favorecer a Fernández, ya que dejó con poco tiempo a su colega Leiva para culminar las pesquisas.
Leiva envió un informe a la Fiscalía General para que estudie la procedencia de otra posible imputación contra Fernández por otros delitos descubiertos durante la investigación de las obras fantasmas.

Fuente: Vanguardia