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El Departamento de Justicia demandó al estado, al gobernador Jerry Brown y al fiscal general Xavier Becerra por tres leyes aprobadas en los últimos meses, las llamadas “leyes santuario”. Según el gobierno estadounidense, estas medidas hacen imposible que los agentes anti inmigración puedan deportar a los criminales extranjeros. El Departamento de Justicia alega que las leyes son inconstitucionales y le pidió al juez que las bloqueara.

La demanda supone un nuevo punto de choque entre el Gobierno federal y California,que se ha convertido en un gran enemigo de Trump en temas como la inmigración o el cambio climático.

En octubre, el estado aprobó el Acta de los Valores de California, que extendió a nivel estatal las protecciones de las “ciudades santuario”, aquellas que decidieron de manera municipal no colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU en la persecución de inmigrantes en situación irregular.

Así, los agentes locales y estatales no podían investigar, interrogar o detener a personas en California sólo porque sospechaban que son inmigrantes sin papeles.

Se estima que hay más de 2 millones de inmigrantes residentes en California que no tienen su documentación en regla.

Fuente: Infobae