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La Contraloría General de la República analiza presentar una solicitud de aclaratoria a la Corte Suprema de Justicia, sobre el fallo que obliga a entregar los datos de las declaraciones juradas de altos funcionarios del Gobierno Nacional.

El Dr. César Núñez, asesor jurídico del ente contralor, afirmó que la resolución del Tribunal de Apelaciones segunda instancia “cae de vuelta en algunas omisiones”, por lo que se estudia la presentación de una aclaratoria sobre el plazo para la entrega de la información, atendiendo el volumen de lo solicitado.

Agregó que, si bien en el considerando de los votos de los camaristas Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander se establece un plazo de 60 días hábiles para la provisión de los documentos requeridos, eso no se plasma en la parte resolutiva.

Núñez puntualizó que la Ley establece que todos los funcionarios públicos están obligados a presentar las declaraciones juradas, pero no habla de sanciones por el incumplimiento de la norma.

“Más allá de la sanción, en la consciencia ciudadana debiera de plasmarse esa obligación de cumplir las normas legales”, manifestó en ese sentido. Asimismo, resaltó que llama la atención que en la nómina de personas, se pida las declaraciones juradas de fiscales y asistentes fiscales, pero no de magistrados ni miembros de tribunales. Consideró ese punto como “una amnesia selectiva”. Por último, anunció que empezarán a trabajar para configurar cómo serán entregadas las declaraciones juradas, ya que la sentencia establece los datos a ser proveídos, que no son coincidentes con el formulario. Afirmó que la forma más económica es el formato magnético.

Fuente 780 am