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La fiscala María Estefanía González presentó imputación y un pedido de detención para el ex fiscal general y su esposa, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se investigan. Además, se solicitó el embargo de los bienes de la pareja. El juez José Delmás salió sorteado para atender la causa. 

El Ministerio Público abrió la investigación contra Díaz Verón tras el caso de la constitución de la firma Canto Rodado SA. Según los antecedentes, en la escritura de protocolización de la firma figura que María Selva puso G. 1.500 millones en efectivo y sus hijos Yerutí y Alejandro, G. 500 millones cada uno, según las escrituras públicas, con lo que se llegó a los G. 2.500 millones.

Con la intención de eludir a la Seprelad se consignó que la firma fuera integrada con pagarés, un hecho bastante irregular, tratándose de una sociedad anónima que debería tener capital integrado.

Durante la investigación se encontró indicios de producción mediata de documentos públicos de contenido falso por los pagarés para justificar la integración, algo que nunca fue consignado en la escritura pública ni en los registros tributarios.

Además, Díaz Verón tuvo una meteórica mejora en su nivel de vida tras asumir como fiscal general, hecho que se evidenció con viajes, fiestas fastuosas y compras de vehículos 0 km, además de una inversión de G. 3.000 millones en una estancia y mejoras en la vivienda particular.

Fuente ABC DIGITAL