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Como había hecho con la investigación por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, el juez federal también pedirá el desafuero y la detención de la ex presidenta.

Para llegar a esta decisión, resultó clave el testimonio de José López, ex secretario de Obras Públicas. Según indicaron fuentes con conocimiento de la causa, en su confesión aseguró que al morir Néstor Kirchner ella lo citó para anunciarle que, desde ese momento, asumía el control de las operaciones que había gestionado su esposo.

En el fallo del magistrado, que se dará a conocer durante los próximos días, el ex ministro Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, serán acusados como los organizadores del entramado ilícito.

Según el informe que divulgó Bonadio tiempo atrás, la indagación reveló “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales, y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Kirchner y Cristina Fernández) y delMinisterio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre 2003 y 2015”.

Los empresarios que confesaron haber pagado sobornos quedarían englobados en dos grupos. En uno estarán los que integraban el mecanismo recaudador, como el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y el financista Ernesto Clarens. Otro grupo quedará acusado de “partícipes de cohecho”, un delito menos grave.

La asociación ilícita se castiga con una pena máxima de 10 años de prisión y el cohecho con un máximo de seis años. Si los empresarios confesos son condenados como arrepentidos podrían alcanzar una reducción de pena que les permitiría recibir una condena de ejecución condicional, es decir que no irían presos.

Fuente: RadioMitre.com