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“Los cuadernos de la corrupción”, un escándalo de sobornos que sacude a la clase política y empresarial de Argentina, tomó un giro inesperado con la citación ante tribunales de Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente Mauricio Macri.

Citados este jueves en Buenos Aires ante el juez Claudio Bonadio, solo se presentó Gianfranco Macri a primera hora de la mañana, según la agencia oficial de noticias Telam. Sus abogados pidieron suspender la comparecencia del padre por motivos de salud, solicitud que será evaluada por el tribunal luego de que se le haga una revisión médica.

Los Macri deben responder a denuncias de que la empresa Autopistas del Sol, parte del conglomerado Socma (Sociedad Macri), pagaba regularmente cuantiosas sumas para conseguir licitaciones de obras viales. El presidente Macri, que tuvo cargos de responsabilidad en la empresa familiar antes de incursionar como dirigente del fútbol y luego en la política, no ha comentado el caso y sus ministros apenas han declarado que el gobierno respeta la independencia de la justicia.

“Es una decisión judicial, es el único comentario que tenemos para hacer”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En su defensa, los Macri alegan que para el momento de la investigación habían cedido ya buena parte de sus acciones en Autopistas del Sol, empresa en la que solo les quedaba una participación de 7% y por tanto no incidían en el nombramiento de directores ni en las decisiones, según informó la prensa.

Socma está actualmente bajo la conducción de Gianfranco Macri, el menor de los cinco hijos de Franco. Sus negocios se concentran ahora en el sector de servicios a la industria petrolera y cuentan con la representación de la marca de los autos chinos Chery.

En las citaciones para este jueves ante el juez Bonadio figura también Eduardo Eurnekian, poderoso empresario a la cabeza del holding Corporación América, que maneja terminales de aeropuerto en Argentina y otros países de América Latina.

La causa, surgida de los cuadernos de apuntes que durante años llevó un chofer del ministerio de Planificación, indaga sobre el supuesto pago de sobornos en bolsos con dólares en efectivo por parte de empresarios a cambio de concesiones para la construcción de obra pública entre 2003 y 2015, periodo que corresponde a los mandatos de Néstor Kirchner, ya fallecido, y su esposa Cristina Fernandez. Según las primeras estimaciones, la trama de corrupción involucró al menos 160 millones de dólares.

Hay unos 40 procesados. En septiembre, el juez pidió el desafuero de Kirchner, que el Senado no ha tramitado, y prisión preventiva por considerarla “jefa de una asociación ilícita”. Semanas antes, ordenó el allanamiento de sus tres domicilios, uno en Buenos Aires y dos en la provincia patagónica de Santa Cruz (sur). Por el despacho de Bonadio han desfilado exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas, así como varios de los más connotados empresarios argentinos, entre ellos Paolo Rocca, del grupo ítalo argentino Techint, de siderurgia y metalurgia.

Varios empresarios y algunos de los exfuncionarios se han acogido a la figura de arrepentido, que les permitió quedar en libertad a cambio de cooperar con la justicia. Sus testimonios han servido en los avances de la causa.

En este caso ya se vio involucrado Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri, por la supuesta participación en la trama de corrupción de su empresa IECSA, que hasta 2007 pertenecía al grupo Socma. Está procesado en libertad tras declarar que aportó dinero no registrado a la campaña presidencial del kirchnerismo en 2015.

Fuente: El Espectador