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Esta determinación se acordó durante una reunión entre la ministra de Justica, Cecilia Pérez; y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón, con el propósito de avanzar en las acciones orientadas a contener la crisis penitencia.

En la ocasión también se analizó la eventual firma de un convenio para ajustar técnicas legislativas en cuanto a proyectos de leyes y normativas promulgadas, a fin de coordinar la reglamentación y aplicación de las mismas.

“Salimos contentos porque tenemos solución a algunos temas como tener el acceso irrestricto a las resoluciones de las personas que están privadas de libertad, además ajustamos aspectos tecnológicos que se deben tener en cuenta al momento de revisar las propuestas que habíamos hecho durante la reunión de la mesa de crisis penitenciaria”, afirmó la ministra Pérez, quien estuvo acompañada por su asesor, Carlos González Morel.

La mesa de trabajo se reinstaló mediante un pedido del Ministerio de Justicia al Poder Judicial, en la ocasión la cartera de Estado presentó propuestas de articulación interinstitucional para dar respuesta a la emergencia penitenciaria.

Algunas de las acciones planteadas por la cartera de Estado consiste en identificar a las personas privadas de libertad sin asistencia jurídica, continuar con la implementación del sistema informático SIPPy y revisión de oficio de las medidas cautelares. Asimismo, también se contempla la unificación de criterios de aplicación previstos en el Código de Ejecución Penal y la instalación de oficinas permanentes de los Juzgados de Ejecución Penal.

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