Imagen ilustrativa. GENTILEZA

La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez recibió en audiencia al titular de la UIP, Gustavo Volpe; a Pedro Galli Romañach, de la ARP; el Ing. Héctor Cristado, de la Unión de Gremios de la Producción; Don Eugenio Shöller, de la Fecoprod; y de la Feprinco.

La reunión fue para presentar ante la titular del Ministerio Público una denuncia formal "contra personas innominadas, por los que constituirían ilícitos de acción penal pública, y que atentarían contra órganos constitucionales legalmente constituidos e intereses de organizaciones y personas particulares que consideran deben ser investigados" señala parte de la denuncia referida.

Expresa la denuncia presentada que, “conforme a publicación de medios escritos, radiales y televisivos, la ciudadanía se ha enterado de una reunión mantenida en el asentamiento 1º de Marzo, de la localidad de Naranjito, distrito de Ybyrarobaná, Departamento de Canindeyú, del cual participaron los senadores del Frente Guazú Hugo Richer y Sixto Pereira, así como el senador del PDP Pedro Santa Cruz, con invasores que ingresaron en forma violenta e ilegal al inmueble de la Agroganadera Pindó S.A.”, explican.

Agrega el escrito: “En esa ocasión supuestamente instigaron o exhortaron a los invasores a luchar y continuar en la ocupación de las tierras, expresando que 'esa ocupación es la recuperación de nuestras tierras', y que 'esa tierra es una tierra que a ellos les correspondía' y que la acción que ellos realizan es parte de la recuperación de nuestras tierras e instaron a unirse para confrontar”.

Finaliza la denuncia con lo siguiente: “Los legisladores dieron a entender que van a ir por la expropiación proponiendo violentar lo establecido en el art. 98 del Estatuto Agrario Ley 1863/02. La gravedad de las expresiones o mensajes que se habrían emitido suben de punto al ser sindicados funcionarios del Estado, del más alto nivel, senadores de la Nación, que juraron respetar la Constitución Nacional y las leyes de la República”, dice el documento presentado a la máxima instancia del Ministerio Público.