Un llamativo comportamiento del ministro de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Sala Constitucional, César Manuel Diesel Junghanns, se observa en una causa donde están en juego la cesión de unas 310 mil hectáreas de tierras del Chaco, valuadas en cientos millones de dólares americanos.  

Es el mismo proceso judicial que le costó el cargo a la exjueza Tania Irún, por ceder tierras a presuntas empresas de maletín no registradas en Paraguay y que se formaron en paraísos fiscales. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó a Irún por una resolución en contravención a la Ley de Seguridad Fronteriza, y ahora la exmagistrada está imputada por prevaricato.  

En medio de estas irregularidades, y en el marco de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Asociación del Espíritu Santo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a través de dos autos interlocutorios del 1 de febrero del 2022 (el mismo día que retomar actividades tras la feria judicial) rechaza la recusación contra otro ministro y también rechaza in limine la acción planteada contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia que firmó una exjueza, echada del Poder Judicial y procesada en lo penal por dicha sentencia.  

El 9 de febrero del 2022 se interpuso un recurso de aclaratoria contra las dos decisiones de la Sala Constitucional y se le recusó al ministro y en ese entonces todavía presidente de la Sala Constitucional y presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Diesel Junghanns.  

Además, según denuncias, Diesel Junghanns permitió que su colega resuelve su propia recusación, y este le dio un manto de legalidad a un acto procesal nulo, cuando su compromiso era velar por las garantías del proceso.  

Además de haber preopinado, que la parte afectada señala como irregular, y también de supuestamente demostrar una parcialidad manifiesta, el ministro César Manuel Diesel Junghanns aún no termina de apartarse de la causa tras la última acción ante la CSJ presentada por la parte afectada por sus actuaciones presuntamente irregulares, dónde están en juego tierras con valores millonarios.