En el año 2006 publicaciones periodistas indicaban que el actual camarista Cristóbal Sánchez, siendo candidato al Consejo de la Magistratura, contaba con el apoyo del fallecido doctor Rodolfo Irún Alamanni, ex presidente del Consejo de la Magistratura, y padre de la exjueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Tania Irún, imputada por prevaricato.  

El 16 de diciembre del 2006 el diario ABC Color destacaba una amistad entre Sánchez y el extinto padre de la jueza. Mientas que en el 17 de diciembre del mismo año el diario Última Hora destacaba que Cristóbal Sánchez logró llegar al primer puesto del Consejo de la Magistratura.  

Ahora, Sánchez es miembro titular del Tribunal de Apelaciones que tienen a su cargo resolver el recurso planteado por la exjueza Tania Irún. Fuentes judiciales cuestionan que este no se inhiba.  

Además, otro de los cuestionamientos es que dicho Tribunal de Apelaciones (Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín Bernal y Agustín Lovera Cañete) hace más de un mes que no resuelve el planteamiento, y de esa manera se reduce los plazos para la presentación de un requerimiento conclusivo en la causa de prevaricato contra la ex jueza. 

Tania Irún fue imputada el por la agente fiscal de la Unidad Especializada Contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Fuster. En los primeros días de abril el juez Penal de Garantías admitió la imputación y fijó para el 18 de abril la audiencia de imposición de medidas cautelares, sin embargo, ese procedimiento aún no se pudo realizar ya que la Cámara de Apelaciones sigue sin responder el recurso de la defensa. 

El Juzgado Penal de Garantías fijó para el 3 de agosto como fecha límite para la presentación de una acusación. 

El 23 de noviembre del 2018, en el marco del juicio caratulado “CusaboLimited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, resolvió hacer lugar a una demanda de cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública promovida por las firmas CusaboLimited, KyveloriaLimited, FirstarInvestments y Elite KingdomInvestments otorgándole 310 mil hectáreas de la zona de seguridad fronteriza en favor de presuntas empresas de maletín cuyos accionistas se desconocían.  

El 9 de noviembre del 2021 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados removió de su cargo a la jueza civil y comercial de Asunción Tania Irún por supuesto mal desempeño de funciones. El pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó y luego ratificó la destitución.