Gentileza

La ex jueza imputada por prevaricato Tania Irún y el ministro y presidente de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes fueron partícipes de una entrega 310 mil hectáreas de tierras a firmas offshore, que ni siquiera están constituidas en el país, lo que viola la ley que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles en zona fronteriza. Así había presentado su investigación el ciberactivista Alfredo Guachiré.

Las tierras están valuadas en USD 500.000.000 y existen varios intereses en juego en torno al caso. Originalmente, las más de 300.000 hectáreas pertenece a la Asociación Espíritu Salto, pero tras una demanda, la jueza Irún obligó por resolución transferirlas a favor de 4 firmas offshore: Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments.

Tras varias situaciones jurídicas, luego de la sentencia del 2018 de la ex jueza Tania Irún, la Asociación Espíritu Santo, que tiene un convenio firmado y avalado por Ley para ceder las tierras a los casadeños, insistió en contraatacar el fallo, pero los problemas se agudizaron cuando llegó a la Corte Suprema de Justicia.
El recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia se resolvió en febrero de 2022, el presidente de la Corte Suprema, Antonio Fretes y el ministro César Diesel rechazaron in limine el pedido de estudio del fallo.

Sin embargo, lo que ocurrió antes fue que Fretes participó en el estudio de su misma recusación y la desestimó, claro está, para luego justamente rechazar la acción contra la sentencia que cedía tierras a empresas de maletín.

“El ministro Fretes fue Decano de la Facultad de Derecho, profesor y docente hace décadas, no puede decir que no conoce la obligación que tiene al ser recusado de apartarse del estudio de su propia recusación, no puede decir que no conoce el artículo 31 del Código Procesal Civil”, fue lo cuestionado por el investigador, escritor, docente universitario y doctor en Derecho, Jorge Rolón Luna.

Durante su exposición de hace unos meses ante un medio local, también mencionó que “nulo de nulidad insanable”, agregó, indicando que esto sería claramente un caos jurídico. Además, resaltó que la “imparcialidad es un principio básico y fundamental del debido proceso”. Es decir, no se puede ser juez y parte.
Por último, además de cuestionar el fallo, también significó el actuar de personas alineadas al poder. “Esta gente sabe que tiene impunidad para hacer barbaridades como estas, que son barbaridades que atentan contra el Estado De Derecho”, concluyó.

PEDIDO DE RENUNCIA
Justamente ahora, en medio de la batahola generada por el Caso Hijazi, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados exhortan a Antonio Fretes a renunciar al cargo. También el pleno de la Corte solicitó al presidente de la CSJ que presente su renuncia.

El 17 de noviembre pasado, la edición del diario ABC Color sacudió el Poder Judicial al publicar que Sharif Kassen Hijazi, hijo de Kassen Mohamad Hijazi, quien fue extraditado a los Estados Unidos, firmó un contrato de 368 mil dólares con Amilcar Fretes, hijo del presidente de la Corte, por un acuerdo de asesoría jurídica para evitar la extradición y para la obtención de una “salida” jurídica.