2018-05-09 | 12:57
EBYExasesor de Yacyreta que hoy denuncia, antes resaltaba maquinización de Aña Cua
Gentileza.
El legislador Miguel López Perito, habló de un supuesto contubernio público-privado de una “élite corrupta” para beneficiar a empresas como Pescarmona (IMPSA), a la que, según él, el gobierno de Mauricio Macri, con la complicidad de funcionarios paraguayos, quiere salvar de la quiebra.
Uno de los que apoya esta versión es el ingeniero Orlando Valdés, presidente de la Asociación de Ingenieros del Sector Eléctrico Paraguayo (Aisep), quien señala que con la construcción del brazo Aña Cuá se gesta "un brutal negociado a cambio de la entrega de la soberanía nacional".
En efecto, en un memorándum de fecha 15 de noviembre de 2012, dirigido al abogado Christian Espinosa, superintendente del Consejo de Administración de la EBY, el citado profesional sostenía que el "proyecto no viola la soberanía ni la integridad territorial del Paraguay" y agregaba que el "proyecto no quebranta la seguridad nacional ni la política exterior de nuestro país".
Valdés señalaba en otra parte que "la realización de estas modificaciones en el proyecto original de Yacyretá, esta prevista en el Numeral 1 del Anexo B del Tratado". Hoy argumenta que las obras no pueden realizarse, porque la autorización es de carácter "unilateral, inclusive interna (del gobierno argentino), transgresora por ende del Tratado, que sigue vigente hasta la fecha".
Cabe mencionar igualmente, que en otro dictamen anterior -del 2 de febrero del 2010 y siempre refiriéndose al Numeral 1 del Anexo B- dice: "podemos concluir que el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá está en condiciones de determinar la ejecución de las obras previstas en el brazo Aña Cuá, sin necesidad de acudir a ninguna otra instancia de poder del Estado".
De hecho, si volvemos a la nota de noviembre, dada por recibida por el Consejo el día siguiente, se puede leer taxativamente: … "y su ejecución (de las obras) cumple con las condiciones previstas en el Tratado, por lo que la obra no requiere aprobación parlamentaria".
Contra todos los elementos citados, hoy el ingeniero Valdés recurre a una supuesta disposición unilateral del gobierno del vecino país, afirmando que con ello se pisotea el Tratado y las atribuciones que él mismo daba como legítimas a las autoridades de la Entidad Binacional tiempo atrás.
