El Tribual de Apelaciones integrada por Cristóbal Sánchez, José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete, hace aproximadamente un mes que tiene en su poder el recurso dilatorio planteado por la defensa de la exjueza Tania Irún, imputada por prevaricato. Los plazos de investigación se acortan, atendiendo que al Ministerio Público se le otorgó cuatro meses para presentar un requerimiento conclusivo. 

El proceso contra la destituida magistrada sigue un proceso lento en los tribunales. Es importante señalar que la agente fiscal de la Unidad Anticorrupción, Natalia Fuster, había presentado imputación por prevaricato el 31 de enero del 2022.  

Seguidamente y luego de algunas idas y vueltas, el juez Penal de Garantías Yoan Paul López finalmente admitió la imputación contra Irún en fecha 6 de abril del 2022 y fijó para el 18 de abril la audiencia de imposición de medidas cautelares, que finalmente no se pudo llevar a cabo por una presunta chicana de la exjueza. 

López, resolvió la impresión del trámite correspondiente para la apelación en subsidio de la impugnación planteada, y remitió al Tribunal de Apelaciones. 

Sin embargo, a casi un mes, la Cámara de Apelaciones aún no destraba la causa por prevaricato contra Tania Irún. Un dato no menor a todo esto es que el Ministerio Público tenía cuatro meses para investigar tras la admisión, se acortan los plazos para seguir el curso normal del proceso para que la Fiscalía presente un requerimiento conclusivo.  

DESTITUCIÓN  

El 9 de noviembre del 2021 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó de su cargo a la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción Tania Irún tras comprobarse que la misma incurrió en mal desempeño de sus funciones, al otorgar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay a empresas offshore. 

La Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión del JEM, e incluso el pleno de la máxima instancia judicial, por mayoría absoluta, rechazó las reconsideraciones realizadas por la exjueza.