Es por un supuesto perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.260 millones, denunciado por concejales municipales. En la audiencia de imposición de medidas cautelares, la representante del Ministerio Público solicitó el arresto domiciliario y restricción de acceso al recinto municipal al imputado, teniendo en cuenta que habría peligro de obstrucción a la investigación, además de ejercer una posible influencia en los testigos, que son los funcionarios de la Municipalidad.

El juez de la causa Charles Duré otorgó a Rojas las medidas alternativas de prohibición de salir del país, constituir domicilio, firmar libro de comparecencia cada mes en el Juzgado de la mencionada localidad, así como una fianza personal entregada por la abogada defensora consistente en un inmueble que no pertenece al imputado.

La fiscala Franco sostuvo sin embargo que el dueño del inmueble no compareció para firmar si aceptaba las condiciones.