La VoZ digital | Confiscan cigarrillos paraguayos en el Uruguay

2015-10-16 | 18:00

Operación "Caciques del Humo"

Confiscan cigarrillos paraguayos en el Uruguay
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Efectivos de la Policía uruguaya reducen a uno de los integrantes de la organización desbaratada. (Foto El País). Efectivos de la Policía uruguaya reducen a uno de los integrantes de la organización desbaratada. (Foto El País).
Una operación denominada "Caciques del Humo", a cargo del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera, desbarató en la ciudad de Río Branco a una banda que contrabandeaba cigarrillos desde Paraguay hacia Uruguay, pasando por Brasil, publicó este viernes El País en su sitio web.

Hubo 27 personas detenidas y 18 resultaron procesadas con prisión, entre ellas un policía, un aduanero y un edil. Al funcionario policial (que reviste en la Seccional 18ª de Montevideo) lo procesaron por concusión; al aduanero por abuso innominado de funciones, y a un edil nacionalista por contrabando. Este último estaba prófugo y ocupaba el cargo legislativo que había ganado Cristian Morel, pero que no ejerció debido a que resultó elegido alcalde, dice el reporte.
La entrada de los contrabandistas a Uruguay era por la frontera Río Branco-Yaguarón; si bien en algunos casos los cigarrillos se traían desde Argentina, ingresando por Salto, según una fuente policial. El grupo de inteligencia, con orden judicial, logró realizar varios allanamientos, incautándose unas 100 cajas de cigarrillos, cada una con 50 cartones. Pero existe plena seguridad que se traficaba mucho más: miles de cajas de cigarrillos.
Los efectivos que realizaron la tarea de inteligencia informaron que uno de los procesados ingresó 700 cajas de cigarrillos en el mes de julio, solamente en dos días.
Las cruzó por el río Yaguarón en un bote, para evitar así ser visto desde la aduana en caso de pasar sobre el puente Mauá. Una fuente judicial dijo que ese cargamento tiene un valor de 150.000 dólares aproximadamente, y que la carga fue vendida en 4 días en Rio Branco, Treinta y Tres y Montevideo.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia anónima recibida por el Ministerio del Interior en el año 2013, a través de la línea 0800 5000, indica la nota de El País.