Fernando Lugo, expresidente de la República del Paraguay, destituido en el 2012.

El ministro de Relaciones Exteriores Eladio Loizaga señaló en una rueda de prensa: "Vamos a pedir el rechazo de la petición, la no admisibilidad del procedimiento planteado por Lugo".

La Corte Interamericana admitió la demanda en julio pasado y ofreció un plazo de tres meses al gobierno de Paraguay para que responda. La demanda se centra en la supuesta falta de garantías para el debido proceso.

La respuesta oficial incluye documentos suministrados por las dos cámaras del Congreso (Senadores y Diputados) y la Corte Suprema de Justicia.

Lugo fue destituido por un juicio político que se realizó en 24 horas, tiempo en que según sus abogados defensores, no se dio derecho a la legítima defensa. Luego fue reemplazado por su vicepresidente, el liberal Federico Franco.

En diciembre de ese año, el exobispo presentó la demanda ante la Corte Interamerica de Derechos Humanos, en el cual pidió la "reposición en el cargo, el pago de haberes caídos, así como los gastos ocasionados en el juicio político", además de indemnizaciones por daños a su "honor y reputación".