Copia de una parte de la publicación de la Revista Zeta sobre un nuevo supuesto negociado perpetrado por la empresa Data Lab de Vicente Sánchez.

La convocatoria fue planteada por la Policía Nacional en el marco de un proceso para la adquisición de vehículos de seguridad, bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, con el ID 280185, con un anticipo del 25% en un plazo de validez de garantía de 60 días y una duración del contrato hasta el 30 de abril de 2015, según se detalla en el llamado a contratación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) fue Pedro Joel Florentín Stiglich, detalla el ítems de datos del procedimiento, sostiene la investigación de la Revista Zeta.

De acuerdo con fuentes de la Dirección Administrativa de la Policía, la institución lanzó el proceso para adquirir camiones refrigerados que debían ser utilizados para el transporte de alimentos a las distintas Direcciones de Zonas y jefaturas de Policía departamentales del país. Sin embargo, todo fue “tramado” para favorecer a la empresa Data Lab, propiedad del extitular de la ANNP, Vicente Sánchez, uno de los más cuestionados por beneficiarse con innumerables licitaciones amañadas, según denuncias de sucesivos casos y antecedentes en su momento públicamente denunciados.

Bajo el número 324, la Policía firmó el contrato con Data Lab el 27 de noviembre de 2014, y la firma debía proveer los automotores en el mes de junio, operación por la cual percibió G. 1.650.000.000. Conforme con los datos, los tres camiones debían ser entregados como tope en el mes de junio de 2015. Sin embargo, el plazo pactado en el contrato fue deliberadamente incumplido, según los datos. Aparentemente, los camiones fueron entregados recién el 19 de agosto, pero previamente se “movilizó” una “maquinaria de documentación” para “maquillar” una entrega anticipada de los vehículos que son de la marca Mercedes Benz. Toda esta operación ya se materializó bajo la administración del actual comandante de la Policía, Crio. Gral. Críspulo Sotelo, quien asumió en sustitución del Crio. Gral. Francisco Alvarenga tras desatarse un escándalo en la institución relacionado al robo de combustible.

Según las fuentes de la Dirección Administrativa, las actas de remisión y entrega de los camiones fueron “fraguadas” para que el supuesto cumplimiento del acto contractual quedara fechado como el 30 de junio de 2015. “Fue totalmente armado y preparado para favorecer a Data Lab. La entrega de los camiones jamás fue materializada en fecha. Hubo una abierta violación y todo se intentó tapar con la documentación. Esto debe ir a parar a la Fiscalía. El propio comandante Sotelo sabía de todo esto y tampoco hizo nada para detener, todo fue bajo su administración ya. Él como comandante debía ser el primero en actuar. Así que es cómplice también y debe responder ante las autoridades judiciales”, indicó a Zeta Investiga una fuente de la misma Policía.

El comisario principal Edgar Núñez Núñez y el suboficial Fredy Mendria habrían sido los responsables de avalar con sus respectivas firmas las actas que serían presuntamente adulteradas. La prueba irrefutable estaría en un acta de remisión firmada por la empresa “Metalúrgica América”, que fue la que preparó la cabina refrigerada y entregó en forma anticipada los automotores. Las fechas de entrega de la metalúrgica y la de Data Lab no coincidirían, según revelaron los informantes.

SUGESTIVAMENTE, NO SE EJECUTÓ LA MULTA
Según los elementos proporcionados a Zeta Investiga, pese a la demora en la entrega de los camiones refrigerados y al hecho de haberse “fraguado” innumerables documentos, la Policía no ejecutó la póliza del seguro por incumplimiento a la firma Data Lab ni evidenció su disconformidad al respecto, ya que no habría solicitado la inhabilitación de la empresa, pese a las graves irregularidades supuestamente producidas y detectadas dentro del mismo proceso licitatorio, dice finalmente la nota de Revista Zeta en su edición impresa de diciembre.

Reproducción de una parte de la investigación publicada por la Revista Zeta en su edición impresa de diciembre, que evidencia irregularidades en una provisión de camiones a la Policía.