Reproducción de la publicación de Revista Zeta sobre las maniobras de SIT S.R.L. que interviene en negocios con el Estado pese a que se halla investigada por supuesto fraude al fisco.

La sociedad encabezada por Darío Karmel, Moisés Raphael y Eran Alón como directivos de la empresa Seguridad Inteligencia y Tecnología (SIT) obtuvo la “venia” de las autoridades de turno bajo un asesoramiento solapado del gobierno israelí en carácter de “intermediarios”. Karmel, Raphael y Alón ya operaban en el país constituyendo un grupo de diversos contactos que además actuaban en el ámbito financiero, comercial, asesoramientos y hasta, aparentemente, en operaciones vinculadas con el tráfico de armas, provisión de las mismas de forma abierta y oficial mediante licitaciones amañadas al Estado.

La empresa ofrece servicios de seguridad desde el año 2003 pero si bien no hay mucho material ilustrativo (en su web) de las actividades que desarrollan, una investigación de Zeta permitió descubrir algunos detalles poco conocidos, que desnudan otras “especialidades” que han hecho crecer muchísimo a la empresa, con nuevas propuestas que bordean la ilegalidad.

Durante la actual administración los multimillonarios contratos con el Estado fueron creciendo hasta el punto en que decididamente en estos tiempos, Darío Karmel y sus “socios” forman parte de un anillo mucho más sólido que abarca negocios en crecimiento con total “luz verde” del mismo gobierno, como veremos a continuación.

Si bien se conocían los contactos y el “modus operandi” que permitieron a la empresa participar en licitaciones, principalmente en la provisión de armas a la Policía Nacional, al Ejército y a otros organismos estatales, aunque sus ofertas fuesen mucho menos ventajosas que otras, dando lugar a reclamos que jamás eran tenidos en cuenta de los habituales y que finalmente la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), o las mismas interesadas decidían a favor de las propuestas de SIT S.R.L, ellos se podían considerar hasta lógicos dentro de los habituales “acomodos” que son moneda corriente y se definen de acuerdo al padrinazgo o la co-participación de personas capaces de torcer las condiciones de concesión de las licitaciones.

Sin embargo, siempre esos problemas terminaban diluyéndose con el tiempo y la resignación ponía un punto final a aquellas que no fueron favorecidas. Pero un hecho llamativo ocurrió a mediados del año pasado, que sorprendió por lo infrecuente y desnudó una serie de irregularidades que hasta entonces habían permanecido ocultas en las gestiones
de la empresa de Karmel, Raphael y Alón.

Falsificación de facturas por aproximadamente G. 130 mil millones

El allanamiento a SIT S.R.L. fue principios de junio del año pasado por parte de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción que realizó varios procedimientos simultáneos ordenados por la Fiscalía General del Estado bajo la acusación de la Secretaría de Tributación (SET) de evasión y falsificación de facturas por un valor cercano a los 130 mil millones de guaraníes.

Los allanamientos comenzaron silenciosa y sorpresivamente. Según la denuncia concreta, 150 firmas comerciales, entre ellas Seguridad Inteligencia y Tecnología (SIT) supuestamente facturaron G. 130.000 millones mediante la comercialización de facturas fraguadas, clonadas y creación de empresas “fantasma” para evadir impuestos. Los registros se desarrollaron en oficinas de estudios contables y locales de empresas situadas en el microcentro de Asunción y fuera de la capital.

Una fuente, ya retirada del Ministerio Público que estuvo en la intervención hecha a la empresa SIT manifestó a Zeta Investiga que al principio, “ante la ausencia de los responsables” no querían dejar ingresar al local al grupo.

Sin embargo tenían la certeza de que uno de ellos, Moisés Raphael, se hallaba dentro de la oficina con dos teléfonos celulares y varios de línea baja intentando hablar o contactar con alguna persona, pero ordenando que no ingresaran los fiscales, ni sus acompañantes hasta que él aclarara la situación, que “sin duda se trataba de un error”.

Lo que había sorprendido a todos era el sigilo con el que se llevó a cabo la operación y sobre todo el no haber estado advertido de las mismas para tener el tiempo necesario de sacar algunos documentos que podrían ser comprometedores.

Pacientemente esperaron los interventores hasta que el fiscal golpeó la puerta y exhibió la orden de allanamiento advirtiendo que “iban a entrar de cualquier manera incluso haciendo uso de la fuerza pública” que ya empezaba a reunirse cerca del portón principal para cumplir su cometido, detalló la fuente.

Según los informantes la causa en este tema era por la falsificación de facturas, que se utilizaban para blanquear operaciones y de esa manera disminuir los aportes al fisco. Si bien la cifra exacta no había trascendido, se mencionaba que el negocio no solamente incluían facturas utilizadas por SIT S.R.L, sino que otras más eran comercializadas a grandes empresas que pagaban el 2 ó 3% del valor real del IVA y de esa manera se evitaban el pago de fabulosas sumas en perjuicio del Estado.

Varias imprentas allanadas tenían las pruebas de impresión correspondientes. Hasta ahora trascendieron algunos nombres menores que se “acercaron a negociar” pero los grandes como Cervepar, Chortitzer y otras no fueron mencionadas.

“Apriete” a Tributación y al MIC
La misma Viceministra de Tributación, Marta González, mencionó que no se darían más nombres porque se hallaban bajo el “secreto de investigación” y solamente una vez terminada la causa y emitida la sentencia a través de la justicia se podría acceder a los mismos. Mientras tanto, la desesperación de muchos empresarios (entre ellos los de SIT S.R.L.) conocidos se reflejaba en los insistentes llamados a los ministerios de Hacienda e Industria y Comercio para que no trascendiera el tema, que se ocultó finalmente gracias al pretexto utilizado, lo cual no sirvió para las primeras 20 que quedaron en evidencia. Incluso, las insistentes llamadas llegaron hasta el propio entorno presidencial.

Una de ellas, La Cooperativa Colonias Unidas Agropecuarias e Industrial Ltda. (CCU) salió perjudicada por unos US$ 6,7 millones de dólares en una estafa. La Cooperativa compró certificados de créditos tributarios durante el transcurso del año 2013 de las empresas OVD Ingenier Mecatronic Service SRL y de Doris SA por un valor total de US$ 6,4 millones, significando esto el 1,66% del activo total, por lo que la entidad ya había abonado US$ 5,7 millones del valor. En total se calculaba que “personas de afuera en complicidad con funcionarios de la SET habían generado alrededor de U$S 11 millones con facturas truchas”.

¿Qué pasó con la causa de SIT S.R.L.?

En las últimas semanas, la redacción de Zeta Investiga intentó saber qué pasó con la causa abierta a la empresa de Darío Karmel, Moisés Raphael y Eran Alón. Recibimos todo tipo de excusas pero rastreando con algunos funcionarios pudimos averiguar que el “sumario sigue, aunque se halla congelado” y que la causa no se refiere a la falsificación de facturas, sino a “Evasión impositiva en un tema de importación de armas”.

De nuevo funcionó la aceitadísima relación con el poder, se recompusieron las cosas y todo va folklóricamente camino al “opá rei”, dijeron las fuentes consultadas. Sospechosa permisividad con la firma Altos y respetables exponentes del sector empresarial se preguntaron cómo es que una empresa sospechosa de haber transgredido disposiciones muy claras de la Secretaría de Tributación, que fue allanada y donde se han secuestrado indudables pruebas del uso de facturas truchas, continúe participando (y ganando) en licitaciones.

La explicación que nos dieron las fuentes consultadas es digna de un premio Nobel: “Mientras no haya una sentencia judicial en contra, está (SIT S.R.L) perfectamente habilitada”. Esto denota que los indicios de delitos o una gran corrupción organizada manifestada públicamente por el Fiscal General del Estado Javier Díaz Verón, no sirven absolutamente para nada. Toda la parafernalia desplegada, en el caso SIT, al parecer fue absolutamente inútil.

Algunos intervinientes del caso señalaron que se habla de que fue un error, una venganza, “un apriete” como se dice en la jerga policial ya que una operación de esta magnitud debió tener el “ok” de altas autoridades, sobre todo conociendo el relacionamiento que existe con Karmel, Raphael y Cía. Pero no ha pasado nada. Todo fue un espejismo, una ilusión óptica, agregaron.

Antecedentes de incumplimiento de contratos y cobros “por adelantado”
A pesar de contar con nefastos antecedentes, la firma SIT se presenta en casi todas las licitaciones y las gana como siempre, aunque no cumpla posteriormente con la entrega y haya percibido el dinero por adelantado, esto sumado a los incontables contratos millonarios redactados a medida de SIT para que solamente su empresa pueda cumplir con los mismos eliminando a toda competencia.

Dos ejemplos bastan de muestra. La Cámara de Diputados benefició a SIT S.R.L con todas las licitaciones por cinco años consecutivos por un valor del millón de dólares. En una licitación de la SENAD el hecho de que Karmel fuera representante de las pistolas GLOCK, única marca permitida en la misma, significó adjudicar a un precio de G. 4 millones cada una, pero las mismas fueron vendidas a otra institución a G. 2.500.000 (probablemente el valor real). En otra oportunidad se cambiaron las condiciones ya que SIT presentó un precio superior en 940 millones de guaraníes a su competidor DATA LAB. La cuestión se solucionó democráticamente. Se concedió a SIT sin explicaciones, dice la publicación de Zeta.

Copia de la investigación de la Revista Zeta en la que se evidencian que la empresa SIT ganó licitaciones pese a estar investigada por megaevasión de impuestos y presuntos vínculos con el armatráfico.