Lula da Silva, escoltado por policías cuando fue obligado a acudir a declarar ante un juez.

El senador informó que sus parlamentarios accionarán judicialmente en el estado de Goiás. Y el senador Alvaro Dias presentó una Acción Popular en la Corte Federal de Brasiliapidiendo orden judicial que deje sin efecto la designación. Todas las acciones que emprende la oposición apuntan en el mismo sentido: el propósito oculto del nombramiento de Lula.

"El objetivo de la nominación es esconder el escándalo de corrupción del Lava-Jato. Nadie va a querer hablar con Dilma Rousseff. Nadie quiere hablar con el sacristán si puede hablar con el Papa", ironizó Caiado.

Para Dias también es claro que el objetivo de Lula es escapar a la justicia de primera instancia para llegar a la Corte Suprema y dilatar su proceso. "El objetivo explícito es escaparle al juez Sergio Moro", aseguró.

El nuevo cargo le permitirá al ex mandatario blindarse de las investigaciones que lleva a cabo Sergio Moro, el juez que analiza su lujoso tríplex frente al mar y su implicancia en la corrupción de Petrobras. Si la cárcel era cuestión de tiempo, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) no tuvo más opción que aceptar el puesto, al margen de lo que la opinión pública pudiera sospechar.

A partir de ahora, esas causas pasarán de la Justicia común al ámbito de la Corte Suprema, lo cual dilatará el proceso, por lo que la oposición considera que el propio gobierno está dejando de lado su "compromiso" de defender la Constitución y las leyes. Es por ello que más temprano los partidos Popular Socialista (PPS), la Social Democracia Brasileña (PSDB) y los Demócratas (DEM) habían calificado una eventual designación de Lula como una "afrenta al Estado democrático de derecho".