Liliana Benítez, exadministradora del TSJE, sospechosa de hechos de corrupción.

Un verdadero esquema de corrupción se habría instalado en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) durante la administración de Liliana Benítez Gneiting, para otorgar multimillonarias licitaciones a empresas afines, principalmente a Naisal SA, vinculada a Ismael Hadid Florentín. El principal “operador” de las negociaciones habría sido Raúl Castagnino, exdirector de la UOC.

Según los informes a los que accedió La Voz digital, Benítez y Castagnino manejaron a su antojo el dinero público a través de las licitaciones para beneficiar a cierto sector empresarial, a cambio de otros “beneficios”.

Raúl Castagnino e Ismael Hadid Florentín.

La empresa Naisal SA se habría quedado con una licitación de G. 11.000 millones para el alquiler de oficinas distritales en todo el país, además de otros “servicios”. Pero el proceso licitatorio estaría abarrotado de irregularidades, lo que el Ministerio Público debería investigar y, por consiguiente, considerar la cancelación del contrato con la firma mencionada.

El propio TSJE denunció formalmente en marzo ante el Ministerio Público la sospecha de corrupción durante la gestión de Liliana Benítez Gneiting. El documento fue firmado por los ministros de la institución, Jaime Bestard (presidente), Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía sugestivamente se encuentra paralizada.