Reproducción del prontuario que agentes corruptos de Identificaciones y de INTERPOL Paraguay otorgaron al general Eduardo Alfonso previo pago de una fuerte suma de dinero. Con este documento, le fabricaron una cédula a nombre de Walter Ramón Fariña Falcón

El general investigado por autoridades judiciales bonaerenses es Eduardo Alfonso, quien fue el jefe de la Secretaría General del Ejército durante las presidencias de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Contra el citado represor, la Policía Criminal Internacional (INTERPOL) filial Argentina libró una orden de captura con difusión roja, la máxima en orden de prioridades para llevar a cabo arrestos de presidiarios o convictos fugitivos, según datos proporcionados a lavozdigital.com

Reproducción de una publicación de ámbito.com referente al caso del represor argentino que obtuvo cédula paraguaya a través de fuertes coimas a jefes policiales.

Supuestamente, Alfonso habría ingresado en forma clandestina a territorio paraguayo en el año 2012, bajo el amparo de conexiones policiales que "operativizaron" su estadía en el país a cambio de una fuerte paga inicial y posteriores "cuotas", en el marco de un sistema "calcado" al de Pérez Corradi. "Este es un asunto que se manejó con absoluta confidencialiadad entre la Interpol de Argentina y agentes de Antisecuestro de Paraguay, por falta absoluta de confianza en la gente de Interpol Paraguay por la protección que le suministraron al megacriminal argentino Pérez Corradi", explicó una fuente del Ministerio Público al detallar la investigación que se inició a raíz de la alerta de la Policía Federal de la Argentina y de Interpol de este país sobre la presencia de Alfonso en el Paraguay.

Según la pesquisa, autoridades paraguayas proporcionaron a Alfonso un documento de identidad a nombre de Walter Ramón Fariña Falcón, de 54 años, supuestamente nacido en Itakyry en fecha 3 de noviembre de 1961. Le asignaron el número 7253490. Con esa cédula, que le otorgaron previo pago de una fuerte suma en dólares y con conexiones en las más altas esferas de la Policía, el general retirado pudo movilizarse en territorio paraguayo "sin que sea molestado".

La supuesta conexión paraguaya

La oficina de Interpol Argentina pidió apoyo a la Unidad Antisecuestro de la Policía paraguaya para priorizar la captura del general Eduardo Alfonso, acusado en su país por cargos de delitos de lesa humanidad.

Según el departamento de Investigaciones de la Policía paraguaya, que indagó a sus propios camaradas, se llegó a obtener datos irrefutables de que el represor argentino se refugió y trabajó en Paraguay.

Conforme con las mismas fuentes, Alfonso habría alquilado una residencia, señala la información.

La prensa argentina ya se hizo eco de la situación de Alfonso, quien se habría presentado en Buenos Aires luego de que agentes de Antisecuestro de Paraguay lo rastrearan para detenerlo. "La jueza federal de San Martín, Alicia Vence, ordenó la 'urgente detención' del represor Eduardo Alfonso, imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, luego que la Cámara Federal de Casación Penal revocase el martes último el sobreseimiento. Alfonso fue el jefe de la Secretaría General del Ejército durante las presidencias de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Las fuentes señalaron que la Cámara de Casación tenía en revisión el sobreseimiento desde hace 14 meses y el 22 de mayo revocó el sobreseimiento, ordenándole a la magistrada que actúe son `celeridad y premura´, pero Alfonso `casualmente´ el 20 de mayo viajó a Uruguay. La jueza Vence dispuso su arresto y, al no encontrarlo, se enteró vía Migraciones de que el sospechoso había salido del país. Alfonso fue procesado por el juez Alberto Suárez Araujo, quien le imputó su participación en el asesinato de Antonio García y el secuestro de su mujer, Beatriz Recchia, que se encontraba embarazada, en un episodio ocurrido durante un operativo en la casa de las víctimas en Villa Adelina", dice en su portal ámbito.com

El general Eduardo Alfonso, en su prontuario paraguayo.

Añade que "Alfonso ya había sido detenido por la desaparición de Recchia, embarazada de cinco meses en diciembre de 2008. Pero en agosto de 2009, la Cámara Federal de San Martín, con la firma de los jueces Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati -quienes tienen un pedido de juicio político por ese hecho- lo liberó al sostener que 'no puede afirmarse fehacientemente' que el represor 'conociera la finalidad del grupo operativo' y que 'se impone aceptar que no habría llegado a participar de ninguno de los hechos que podrían considerarse delictivos'.

Por este caso ya están imputados como 'autores mediatos', el dictador Jorge Videla y el general Santiago Omar Riveros, entre otros, por violaciones a los derechos humanos cometidas en Campo de Mayo, revela ámbito.com