Con esta normativa se busca reasegurar la función de control sobre los bienes públicos y su correcto uso, a la Contraloría General de la República, que audite las ejecuciones presupuestarias de estas organizaciones en cuanto administren dinero público.

Núñez dijo “que no se puede seguir permitiendo que instituciones como el Indert  Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra), que en vez de llamar a licitaciones públicas para ejecutar sus obras, transfieran dichas responsabilidades a las ONGs quienes contratan y fiscalizan las obras estatales”

Agregó que  esta modalidad de ejecutar obras, como los pozos artesianos, con la excusa de la celeridad, no aporta ninguna garantía al Estado sobre las responsabilidades económicas que pueda asumir estas ONGs ante el Estado o Municipio, pues las responsabilidades se trasladan a las resultas de las cláusulas contractuales de los respectivos convenios de “cooperación” reguladas por el Código Civil, y ante un garante, que por su naturaleza sin fines de lucro, no tiene ninguna solvencia financiera.

Recordó otro caso similar de la Opaci (Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal), que administra recursos municipales y  se ha convertido en una ONG en el año 1997, circunstancia que ha dificultado su auditoría por parte de la Contraloría, que si bien fue permitido, no fue al amparo de ninguna legislación.

“Hoy queremos brindar esa herramienta jurídica a la Contraloría para que cumpla con garantías legales su misión constitucional. Deseamos construir una cultura de trabajo, rendición de cuenta y control en el ámbito público, como una actividad normal de las instituciones que reciben, administran y controlan los fondos y bienes públicos”, finalizo.