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En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, acuerda investigar a Laporta y a los miembros de su junta directiva con responsabilidad en los pagos, que se suman así los otros dos expresidentes del club imputados, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

El magistrado discrepa así del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que excluyó a Laporta de la denuncia que presentó por los 7,3 millones de euros que el Barça pagó a José María Enríquez Negreira y a su hijo entre los años 2001 y 2018, al entender que su participación en los hechos durante su primera presidencia, entre 2003 y 2010, ya habría prescrito.

Prescripción de diez años desde el último pago No obstante, el juez instructor recuerda en su escrito que los hechos investigados pueden constituir, entre otros, un delito de cohecho continuado, por lo que, de acuerdo con el Código Penal, el plazo de prescripción es de diez años desde el día en que se llevó a cabo la última infracción penal o cesó la conducta delictiva, en este caso julio de 2018, fecha del último pago a Negreira y su hijo.

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