El presidente de la República, Horacio Cartes, recibiendo documentos de manos del asesor jurídico de la Presidencia de la República, Sergio Godoy.

Según el informe, la entrada en vigencia de la ley 4669 provocaría que muchas causas importantes sobre narcotráfico, corrupción y otros crímenes graves quedaran extintas e impunes los responsables de cientos de hechos punibles.

La ley 4669 modifica el Código Procesal Penal reduciendo de cuatro a tres años el plazo de duración máxima del proceso y dejando de prever disposiciones transitorias que establezcan el mecanismo de conclusión de todos aquellos procesos que han iniciado bajo el anterior régimen.

Con esta disposición “muchas causas importantes sobre Narcotráfico, Corrupción y otros crímenes graves quedarían extintos si ello ocurriera y peor aún quedarían impunes los responsables de cientos de hechos punibles sin llegar a la tan anhelada restauración de la paz social”, según la Presidencia.

El Ejecutivo considera que “la vía menos contradictoria” con la labor que ha venido realizando la Comisión Nacional, instalada en 2014 para analizar y reformular los artículos del Código, es postergar la entrada en vigencia de la ley por el plazo de seis años.