Gilberto Sojo (al centro), diputado electo de la coalición opositora venezolana, llega a la Asamblea Nacional para jurar su cargo, en Caracas. 13 de diciembre de 2016.

El debate se retoma luego de que la alianza de partidos de oposición suspendió hasta enero un diálogo con el Gobierno, intermediado por el Vaticano, y a pesar de la liberación de activistas durante la madrugada.

Los opositores, incluido un diputado suplente, que estaban detenidos desde hace más de un año, salieron de prisión, un gesto que fue celebrado a medias por los adversarios del presidente, que exigen más excarcelaciones para superar la crisis política del país.

"El poder es para cumplirle a la gente, para que la gente coma, para que haya medicinas", dijo en el pleno el diputado opositor Freddy Guevara. "Por eso esta Asamblea Nacional va a ejercer el poder y declarar la responsabilidad política de Nicolás Maduro", agregó.

La Asamblea había suspendido la discusión del proceso en noviembre como un gesto para facilitar el diálogo.

El jefe de la bancada del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), Héctor Rodríguez, reiteró que el debate era "ilegal" y su grupo se retiró el hemiciclo.

"En Venezuela no existe la figura del juicio político para el presidente, no está en la Constitución, ni en las leyes", apuntó Rodríguez a periodistas al dejar el debate.

La constitución venezolana, no incluye la figura del juicio político, pero estipula que el parlamento puede declarar la responsabilidad política de cualquier funcionario público.

MÁS LIBERACIONES

La oposición intenta presionar al Gobierno para que libere a un centenar de "presos políticos", permita la convocatoria de un referendo sobre el mandato de Maduro y abra un canal humanitario que alivie la fuerte escasez de alimentos y medicinas.

Pero el mandatario insiste en que en su país no hay presos de conciencia, sino conspiradores puestos a disposición de la justicia, y que las instituciones son independientes.

Uno de los liberados el martes, Gilberto Sojo, activista del partido Voluntad Popular, que estaba preso en el servicio de inteligencia desde fines del 2014 acusado de planear la colocación de una bomba en el Palacio de Justicia para liberar al líder de su partido, Leopoldo López, fue juramentado como parlamentario al inicio de la sesión.

Los otros excarcelados son Vladimir Araque, un ingeniero detenido en mayo del 2014; Romer Mena, un militar retirado preso desde agosto del 2015 y Leopoldo D'Alta, abogado preso desde mediados del año pasado.

"Por supuesto que tenemos que expresar de alguna forma satisfacción", dijo Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). "Pero todos los presos políticos son inocentes, todos merecen libertad".