Los procedimientos fueron realizados a raíz del análisis sistematizado de documentos incautados en los primeros allanamientos llevados a cabo relacionados a la causa 40/2015. En esta oportunidad, fueron encontradas varias evidencias que hacen presumir la existencia de vinculaciones entre la estructura dedicada a proveer facturas con la finalidad de evadir impuestos a varios contribuyentes. En el mencionado caso, en un principio existió un grupo de seis supuestos proveedores, quienes presumiblemente realizaron operaciones de ventas que habrían ascendido a G. 89.775.646.751, entre los ejercicios fiscales de los años 2009 al 2014.

Posteriormente, se sumaron otros 10 supuestos proveedores contribuyentes. Ésta hipótesis es fundada teniendo en cuenta distintos aspectos que van desde el desconocimiento por parte de las personas físicas de la apertura de actividades en el Registro Único del Contribuyente hasta la inexistencia de las firmas como emprendimientos económicos reales o la clonación de facturas de contribuyentes con actividades regulares.

El Ministerio Público posee elementos de sospecha que permiten presumir la existencia de contribuyentes quienes habrían utilizados en su contabilidad, facturas apócrifas para abultar costos y gastos con la finalidad de disminuir la base imponible de los tributos afectados.

Dichas pruebas son declaraciones juradas del IRACIS, el aporte promedio al fisco de seis contribuyentes que han utilizados facturas que arrogaron como resultado 0,20 % sobre los ingresos netos totales de G. 1.221.035.421.254, sobre los que se tributó solo G. 2.500.310.654.

Entre los contribuyentes que presuntamente habrían utilizado las mencionadas facturas falsas, se encuentra un gran proveedor de bienes del Estado (que sería SIT S.RL de Darío Karmel, según fuentes). Además proveedores del sector de supermercados.

Por otro lado el miércoles 12 de agosto también se realizaron 5 allanamientos simultáneos, a fin de obtener mayores datos que permitan encontrar nuevos elementos que esclarezcan la causa 39/2015. En dicha causa existiría un grupo de 21 supuestos proveedores, quienes habrían realizado diversas operaciones de ventas que ascenderían aproximadamente a G. 53.268.311.364. A estos últimos se habrían sumado 11 nuevos supuestos proveedores contribuyentes, quienes presuntamente habrían realizado habilitación irregular de apertura de operaciones en el RUC. Estos serían personas de extracción humilde, cocineras y empleados.

En esta carpeta fiscal se han observado supuestas operaciones de ventas que ascienden aproximadamente la suma de G. 5.000.000.000, realizadas entre los ejercicios fiscales de los años 2009 y 2014.

En los 12 allanamientos fueron obtenidos varios documentos físicos e informáticos que serán sometidos a los análisis correspondientes, a fin de que puedan constituirse en prueba de la comisión de los hechos punibles de producción y uso de documentos no auténtico, evasión de impuestos y asociación criminal que son investigados por los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Fuente: Fiscalia